El Gobierno busca cerrar un nuevo acuerdo con el FMI para fortalecer reservas en medio de la volatilidad global

El Gobierno nacional acelera las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de cerrar en los próximos días un nuevo programa que permita un desembolso significativo para reforzar las debilitadas reservas del Banco Central. El contexto internacional, afectado por las recientes medidas proteccionistas de Estados Unidos impulsadas por Donald Trump, genera presión adicional en los mercados y complica el panorama financiero global.

En este escenario adverso, con una sostenida pérdida de divisas por parte del BCRA —más de diez ruedas consecutivas vendiendo en el mercado oficial— y un aumento del riesgo país que superó los 800 puntos, el equipo económico aguarda la aprobación del directorio del FMI hacia mediados de mes.

Según estimaciones del mercado, el primer giro del organismo multilateral podría alcanzar un piso de USD 8.000 millones, aunque se especula con un monto mayor. El plan oficial contempla un paquete más ambicioso que incluiría además aportes de otros organismos bilaterales y una posible ampliación del préstamo Repo que mantiene el BCRA con un grupo de bancos privados.

Este sería un desembolso inusualmente elevado para un primer tramo: el 60% de los últimos 311 programas del FMI contemplaron anticipos de entre el 20% y el 30%. La administración nacional justifica esta solicitud en la “excepcionalidad” del plan, que llega a la mesa de negociación tras haber ejecutado previamente un fuerte ajuste fiscal y monetario.

En línea con esta postura, el Gobierno solicitó un préstamo total de USD 20.000 millones y asegura que todos los fondos que ingresen serán de libre disponibilidad. Además, descarta que deba descontarse de esa cifra el pago de intereses programado para los próximos años, ya que estos comenzarían a impactar recién a partir de 2027.

La comparación con el acuerdo de 2018 revela marcadas diferencias. Según un informe de la consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados), el país enfrentaba en aquel entonces un déficit fiscal primario cercano al 4% del PBI y un déficit de cuenta corriente del 5%. La deuda en pesos tenía un componente elevado en manos de inversores externos, lo que aumentaba la exposición ante shocks financieros.

En contraste, la situación en 2025 muestra un superávit fiscal primario del 1,8% en 2024 y una proyección de 1,5% para este año. El déficit de cuenta corriente se redujo a menos del 1% del PBI, mientras que la exposición de la deuda en pesos a inversores extranjeros es apenas del 1%, lo que disminuye los riesgos ante eventuales salidas de capital.

Sin embargo, el nivel de reservas netas continúa siendo una vulnerabilidad. A diferencia de 2018, cuando ascendían a USD 38.000 millones (equivalentes a seis meses de importaciones), en la actualidad presentan saldos negativos, lo que obliga a buscar asistencia financiera externa no para evitar un default inminente, sino para recomponer activos líquidos del Central y reforzar la estabilidad.

Otra diferencia relevante es el perfil de vencimientos: mientras que en 2018 la deuda en pesos tenía una carga concentrada en el corto plazo, hoy está más distribuida a lo largo del tiempo, lo que le da mayor margen al Tesoro para gestionar sus compromisos.

Finalmente, aunque el peso de la deuda en moneda local sigue siendo un foco de riesgo, el menor involucramiento de inversores externos en estos instrumentos reduce el peligro de una fuga masiva ante eventuales cambios en la percepción del mercado. Aun así, el escenario continúa siendo desafiante y requiere una administración prudente para evitar nuevas tensiones cambiarias o fiscales.