El Gobierno acelera la Ley de Ficha Limpia y apunta a Cristina Kirchner

Tras el traspié legislativo que significó el freno a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el oficialismo redobló la presión en el Senado con una jugada de alto voltaje político: el impulso de la Ley de Ficha Limpia. El proyecto —que busca impedir que personas condenadas por corrupción con fallo confirmado en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos públicos— vuelve al centro del debate con una carga simbólica evidente: podría inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión llegó minutos después del revés en la votación de los pliegos judiciales. Desde la Casa Rosada llamaron de inmediato a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque a una sesión especial, ya confirmada para el próximo miércoles a las 11. Sin embargo, en el oficialismo reina la cautela: los 37 votos necesarios para el quórum y la mayoría especial todavía no están garantizados.

La situación refleja una paradoja. La iniciativa tiene amplio consenso social y fue respaldada en Diputados por bloques dialoguistas, pero la geometría del Senado —donde Unión por la Patria conserva su peso— convierte cada votación en una partida de ajedrez.

Ficha Limpia: más que una ley, una señal política

Aunque se presenta como una herramienta ética y republicana, la Ley de Ficha Limpia encierra también una lectura política directa: su aprobación pondría un cerrojo judicial a las aspiraciones electorales de Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo ratificado por la Cámara de Casación.

Si bien el expediente todavía no fue resuelto por la Corte Suprema —instancia a la que la ex presidenta ya recurrió—, su inclusión como destinataria tácita de la norma aviva el rechazo del peronismo, que califica la maniobra como un intento de “proscripción disfrazada”.

Unión por la Patria, que cuenta con 34 bancas en la Cámara alta, se mantiene cerrado en su rechazo. Aun así, en el oficialismo confían en poder quebrar la resistencia con negociaciones puntuales, especialmente a través de los gobernadores.

Votos dudosos y una aritmética frágil

El dictamen de comisión consiguió firmas de senadores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y espacios provinciales, lo que permitió al Gobierno ilusionarse con un respaldo mayoritario. Sin embargo, al menos cuatro votos siguen en zona gris.

Los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente de la Concordia, responden al ex gobernador Carlos Rovira, quien históricamente se opuso a iniciativas similares en su provincia. No obstante, los diputados del mismo espacio apoyaron la ley en la Cámara baja. La incógnita persiste.

También están en duda los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, cuyas posturas suelen negociarse caso por caso. En la reciente sesión que trató los pliegos judiciales, ambos actuaron en línea con la estrategia oficial, luego de que el gobernador Claudio Vidal firmara un acuerdo clave con YPF para la cesión de áreas petroleras en Santa Cruz.

Por su parte, Villarruel activó gestiones para rearmar el vínculo con los bloques “dialoguistas” tras la baja del senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por intentar ingresar dinero sin declarar. Su salida restó un voto vital en el conteo oficialista.

Cristina en el centro y un guiño al kirchnerismo

El tratamiento de la ley ocurre con Cristina Kirchner nuevamente en el centro de la escena política. Su situación judicial la coloca como una de las principales afectadas por la eventual aprobación de Ficha Limpia. La ex presidenta pidió a la Corte su absolución y recusó a García-Mansilla, el candidato de Javier Milei al máximo tribunal.

En paralelo, el oficialismo incluyó en el temario un proyecto impulsado por la senadora cristinista Juliana Di Tullio que declara en emergencia y catástrofe zonas del sur bonaerense afectadas por las inundaciones. La jugada busca atenuar resistencias kirchneristas, aunque nadie en el Senado duda del mensaje principal: se votará una ley que, en los hechos, podría redefinir el futuro político de Cristina.