
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó este lunes, por más de dos tercios de los votos, la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para este año. Con esta decisión, el calendario electoral en el distrito más grande del país inicia una nueva etapa de definiciones.
La sesión, inicialmente postergada por la muerte del papa Francisco, también abrió el debate para modificar los plazos establecidos en el artículo 61 de la ley electoral 5109, una necesidad planteada por la Junta Electoral a través de una nota dirigida a los legisladores.
El proyecto para suspender las PASO contó con amplio respaldo en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque fue rechazado por los dos bloques de izquierda y por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Klug, del espacio Patria Grande. El debate estuvo marcado por fuertes cruces, con acusaciones sobre las demoras originadas en internas partidarias.
El diputado Gustavo Pulti, referente legislativo del gobernador Axel Kicillof, subrayó la urgencia de ampliar los plazos entre el cierre de listas y la elección general, como reclama la Junta Electoral. Actualmente, ese lapso es de 30 días, pero el organismo sugiere extenderlo a 50 días. Kicillof, en su propuesta original, había planteado llevarlo a 70 días para facilitar el proceso de fiscalización.
Desde la oposición, el diputado Sebastián Pascual (La Libertad Avanza) y la diputada Laura Cano (Frente de Izquierda) criticaron la demora en tratar la suspensión de las PASO, atribuyéndola a disputas internas en el oficialismo.
Este martes se reunirá la Comisión de Reforma Política de la Cámara baja, con la participación de autoridades de la Junta Electoral, incluida la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan. La intención es resolver la modificación de los plazos electorales en un período de entre diez y quince días.
Sin embargo, las tensiones persisten: el Senado bonaerense solo aprobó la suspensión de las PASO, sin avanzar en la modificación de plazos, debido a la falta de consenso interno en el oficialismo y a la necesidad de lograr acuerdos con bloques opositores como UCR, PRO y La Libertad Avanza. Para aprobar cualquier reforma de la ley electoral se requieren dos tercios de los legisladores presentes.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo bonaerense, a través de la Secretaría General de Gobierno y la vicegobernadora Verónica Magario, busca allanar el camino a un acuerdo político, en un contexto de negociaciones que podrían incluir demandas opositoras sobre designaciones judiciales y cargos clave en organismos provinciales.
La elección provincial, desdoblada de los comicios nacionales, está prevista para el 7 de septiembre y movilizará a más de 13 millones de votantes. Con las PASO suspendidas, la provincia encara una carrera contrarreloj para establecer un nuevo calendario electoral.