Aumento de jubilaciones: la ley fue aprobada, pero enfrenta el rechazo del Gobierno

El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por la oposición que busca recomponer los haberes jubilatorios y elevar el bono de $70.000, congelado desde su implementación. Aunque el Gobierno ya adelantó que vetará la norma, el aumento podría quedar firme si el Congreso consigue los votos para rechazar el veto o si la Justicia interviene.

Actualmente, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el máximo llega a $2.081.261,17, valores ajustados mensualmente por inflación desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. Para quienes perciben la mínima se suma el bono de $70.000, llevando el ingreso total a $379.294,79.

La ley aprobada establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y eleva el bono a $110.000, con actualización posterior por inflación. Con estos cambios, los haberes mínimos ascenderían a $441.564 y los máximos a $2.231.111. Quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasarían de $247.436 a $317.436.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que la jubilación promedio para quienes cuentan con aportes ronda los $900.000, y con el aumento se elevaría a $964.800.

Desde Casa Rosada insisten en que la ley será vetada para preservar el equilibrio fiscal. El presidente Javier Milei calificó la medida como “demagogia populista” y reafirmó su compromiso con el déficit cero. Además, advirtió que, de ser necesario, acudirán a la Justicia para frenar la iniciativa.

La suba del bono a $110.000 tendría un costo fiscal estimado de 0,26% del PBI, mientras que el aumento general de las jubilaciones representaría un impacto de 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, acumulando un 0,7% en total.

Junto con este incremento, el Congreso también aprobó la restitución por dos años de la moratoria previsional, que permite a quienes no cuentan con los 30 años de aportes necesarios acceder a la jubilación mínima mediante la compra de aportes faltantes. Este sistema había quedado sin efecto en marzo, cuando el Gobierno decidió no prorrogarlo. La oposición advirtió que, sin este mecanismo, 7 de cada 10 personas no podrían jubilarse.

A diferencia de intentos previos, esta ley incluye propuestas para financiar el gasto adicional. Entre ellas figuran:

• La eliminación de la exención de IVA para directores de empresas.

• La eliminación de la exención de Ganancias a sociedades de garantía recíproca.

• La utilización del ahorro por la quita de recargos del FMI.

• La nacionalización de fondos recaudados por los registros automotor (ACARA y CSA).

• La reasignación de partidas presupuestarias otorgadas a la SIDE por decreto.