Fallo judicial protege a Vialidad Nacional y pone en pausa su cierre

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió por seis meses el decreto 461/2025 del presidente Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La decisión fue tomada por la jueza Martina Forns, quien sostuvo que la Ley Bases no delegó facultades al Poder Ejecutivo para cerrar un organismo autárquico creado por ley hace más de 90 años. En su resolución, advirtió sobre el “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” y señaló que el cierre podría implicar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamiento funcional del ente.

La magistrada también observó que el artículo 32 del decreto condicionaba la estabilidad laboral de los trabajadores a decisiones administrativas futuras, lo que podría violar los convenios colectivos y normas de jerarquía constitucional. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, remarcó en el fallo de nueve páginas.

En paralelo, la Justicia laboral porteña se declaró incompetente ante otro amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina y derivó el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, por tratarse de una cuestión vinculada con la administración pública nacional.

Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo la construcción, mantenimiento y administración de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Emplea a más de 5.500 trabajadores en todo el país, que desarrollan obras estratégicas y tareas esenciales para la conectividad y el transporte.

Con esta resolución judicial, el futuro del organismo queda en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los gremios viales por la continuidad laboral y el modelo de gestión de la infraestructura pública.