La justicia de EE.UU. define si Argentina debe ceder el 51% de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anunciará entre hoy y mañana su decisión sobre uno de los litigios más importantes para la Argentina en los últimos años: si el Estado debe entregar el 51% de las acciones que posee en YPF o si podrá continuar la apelación del caso sin desprenderse de ese capital.

El conflicto se remonta a la expropiación de la petrolera en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. En primera instancia, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones —cifra que, con intereses, asciende a USD 18.000 millones— por el modo en que se concretó la nacionalización. El fallo fue apelado y la audiencia está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.

Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio, reclama la transferencia inmediata de las acciones y busca probar que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, lo que le permitiría ir contra otros activos estatales. La jueza Preska ya ordenó entregar las acciones, pero el Gobierno pidió suspender esa medida (“stay”) hasta que se resuelva la apelación, algo que se definirá en septiembre.

La Corte de Apelaciones tiene tres opciones: rechazar la suspensión y confirmar la orden; concederla pero exigiendo otra garantía; o concederla sin condiciones adicionales. Si la decisión es adversa, el Gobierno prevé recurrir a la Corte Suprema de EE.UU., aunque no es habitual que el máximo tribunal intervenga en este tipo de casos.

Un fallo negativo podría acarrear sanciones por desacato, que incluirían desde restricciones financieras hasta eventuales prohibiciones de ingreso a EE.UU. para funcionarios argentinos, en un momento en que el país busca atraer inversiones extranjeras.