
El Senado aprobó ayer con amplia mayoría la ley de financiamiento universitario, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los presupuestos de las universidades nacionales. El proyecto obtuvo 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, y ahora el presidente Javier Milei tiene diez días para promulgarlo o vetarlo.
La iniciativa, similar a la que el mandatario vetó el año pasado por considerar que “afectaba el equilibrio fiscal”, fue respaldada nuevamente por la oposición, que logró imponerse pese a las advertencias del oficialismo. El texto busca garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en el país.
Durante el debate, que se habilitó sobre tablas, intervinieron unos 15 senadores. Como miembro informante, Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) subrayó que en el último año “no se construyó un aula nueva y los trabajadores docentes y no docentes perdieron el 30% de su poder adquisitivo”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) cuestionó con dureza al gobierno nacional: “Defender la universidad pública es un síntoma de esperanza y progreso. La justicia social es la universidad pública”.
Desde la oposición no oficialista, Martín Lousteau (Evolución Radical) remarcó que “la universidad es el trampolín del ascenso de generaciones de familias argentinas”, mientras que Flavio Fama (UCR) sostuvo que “la universidad no es una escuelita, es un espacio de formación que atraviesa todas las clases sociales”.
Por su parte, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió la postura del Ejecutivo y criticó “décadas de malos manejos” en materia educativa. “Se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro. Este gobierno puso en marcha un plan de alfabetización y sacó ideologías que envenenaban a los jóvenes”, argumentó.
El amplio respaldo legislativo deja abierta la posibilidad de que, en caso de un nuevo veto presidencial, el Congreso intente insistir con la sanción.