Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada en Diputados

El presidente Javier Milei vetó anoche la ley de financiamiento universitario aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, y remitió la decisión al Congreso para su tratamiento. La norma contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades nacionales, hospitales universitarios, partidas de investigación, la convocatoria a paritarias docentes y no docentes, y un refuerzo de becas estudiantiles.

Desde la Casa Rosada justificaron la medida al señalar que el costo fiscal de la iniciativa era “inaceptable” y que su implementación pondría en riesgo el superávit primario, pilar central del programa económico. El veto, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige detallar con precisión las fuentes de financiamiento para cualquier aumento de gasto no previsto en el Presupuesto.

De acuerdo con el Gobierno, el esquema aprobado por el Congreso habría implicado en 2025 un costo superior a un billón de pesos, lo que generaría un incremento “no cubierto” del gasto público. El texto oficial advierte que semejante desembolso sólo podría financiarse con emisión monetaria, alimentando la inflación y afectando a los sectores más vulnerables.

La oposición analiza ahora la posibilidad de convocar a una sesión especial para intentar revertir el veto presidencial. Para ello, necesitará alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, requisito indispensable para insistir con el proyecto original.

En la misma sesión de agosto también se había aprobado la declaración de emergencia en pediatría —ante la crisis del Hospital Garrahan— y la distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Casa Rosada anticipó que también vetará esas medidas, aunque aún no remitió las resoluciones al Congreso.

La ley había sido impulsada por el radicalismo disidente del bloque Democracia para Siempre junto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por asegurar el financiamiento del sistema universitario público. El rechazo presidencial abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo, las universidades y un arco opositor que deberá definir hasta dónde está dispuesto a avanzar en su resistencia parlamentaria.