El Gobierno promulgó la ley de discapacidad pero frenó su aplicación hasta definir fondos

El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, que el Congreso ratificó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la norma no se aplicará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.

La iniciativa había sido impulsada por la oposición y consiguió un respaldo masivo en ambas cámaras, incluso con votos de fuerzas aliadas al oficialismo. El rechazo al veto superó la mayoría agravada de dos tercios requerida por la Constitución.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la puesta en marcha de la ley podría implicar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Además, se prevé un refuerzo inmediato para prestadores y talleres de producción, con partidas que superarían los $285 mil millones.

El texto establece pensiones no contributivas para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cobertura del 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibilidad con empleo registrado, siempre que no se superen los topes fijados. También incluye la actualización automática de aranceles para prestaciones y un régimen de regularización fiscal para actores del sector.

Francos planteó que el Congreso debe definir el financiamiento: “No me pueden pedir que reasigne partidas sin indicar de dónde salen los fondos. ¿De los jubilados?”, cuestionó. En ese marco, el Ejecutivo anunció que abrirá una negociación con los legisladores antes de avanzar en la reglamentación.

La sanción de la ley fue el corolario de una masiva movilización social, que reclamó respuestas frente a la crisis del sistema de atención y al ajuste en las pensiones. El futuro de su aplicación ahora dependerá de un acuerdo político y presupuestario que todavía no tiene definición.