Tras su victoria en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei avanza con un ambicioso plan de reforma laboral que busca flexibilizar el mercado de trabajo, reducir la informalidad e incentivar la inversión privada. La iniciativa retoma puntos del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia, y ya genera un fuerte rechazo por parte del movimiento sindical.
Durante una entrevista televisiva, el mandatario explicó que su objetivo es “modernizar la legislación laboral sin pérdida de derechos”, con el fin de estimular la inversión, combatir la evasión y formalizar a más de ocho millones de trabajadores informales. Además, lanzó una advertencia a los gremios: “Los sindicatos saben que esto no funciona; si lo piensan como negocio, están liquidados”, señaló.
La propuesta oficial se basa en el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei, bajo el título Ley de promoción de inversiones y empleo. Este texto reemplaza a la versión original incluida en la Ley Bases, de la cual se habían eliminado artículos claves durante la negociación parlamentaria.
Entre los puntos más destacados del proyecto se incluyen:
Incentivos fiscales para PyMEs que contraten trabajadores formalmente.
Fragmentación de vacaciones y posibilidad de aplicar bancos de horas.
Flexibilización laboral a través de convenios colectivos.
Nuevas pautas para licencias por enfermedad o accidente.
El proyecto recupera varios aspectos del DNU 70/23, suspendido y a la espera de resolución por parte de la Corte Suprema. Entre ellos se destacan:
Extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
Posibilidad de pagar parte del salario con vales o tickets.
Indemnizaciones fraccionadas en hasta 12 cuotas.
Revisión de convenios colectivos y eliminación de la ultraactividad.
Negociaciones salariales por empresa y productividad, un esquema similar al implementado en los años 90.
El encargado de motorizar la iniciativa es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, exejecutivo del Grupo Techint, quien participó en la redacción del DNU 70/23 y responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo absoluto a la propuesta. En una carta pública, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, sostuvo: “La pretendida reforma laboral no es más que la ratificación del DNU 70/23 en su capítulo laboral, ya rechazado y judicializado con éxito por nuestra central sindical.”
La central obrera consideró que el proyecto representa “una amenaza para los derechos laborales conquistados” y ratificó su “contundente oposición a cualquier intento de reforma inspirada en el decreto 70/23”.
Desde el oficialismo, aseguran que la reforma laboral es un paso previo a la reforma tributaria, que incluiría la eliminación de unos 20 impuestos y la ampliación de la base imponible.
El plan económico, según el presidente, busca consolidar tres ejes principales:
Equilibrio fiscal y reducción del gasto público.
Atracción de inversiones privadas.
Integración de la economía formal con millones de trabajadores informales.
Para Milei, esta transformación marcaría “el fin de un modelo que destruyó la cultura del esfuerzo y del mérito”.