Crece la polémica por la posible demolición del Luna Park tras la audiencia pública del GCBA

La polémica en torno a la posible demolición del Luna Park se profundizó luego de la audiencia pública realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para avanzar con el certificado de aptitud ambiental del proyecto de remodelación impulsado por DF Entertainment y Live Nation. Durante el encuentro se informó que el estadio aumentará su capacidad y superficie mediante una obra que demandará más de dos años de trabajos, incluyendo cuatro meses de demoliciones, cuyos detalles no fueron precisados. Las agrupaciones vecinales reiteraron que el plan implica “demoler todo el interior y la cubierta”, dejando solo la fachada del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional.

La obtención del certificado ambiental es uno de los últimos requisitos para iniciar las obras, luego de que la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) avalaran la intervención y consideraran que es “factible” desde la perspectiva patrimonial. Debido a que los trabajos fueron catalogados como de “relevante efecto ambiental”, la audiencia pública era obligatoria. La jornada estuvo a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y no contó con representantes de las empresas involucradas.

El arquitecto Ariel Gustavo Papa, responsable del expediente en APRA, abrió la audiencia adelantando su aprobación del proyecto. Destacó que se trata de una renovación que mejorará la seguridad, la acústica y la funcionalidad del estadio, y afirmó que “los impactos negativos son temporales y mitigables”. Señaló que la capacidad aumentará de 8.400 a 11 mil espectadores y que se reorganizará la planta baja, modernizando accesos y creando un museo, además de construir dos nuevos subsuelos. Estimó que la obra requerirá cuatro meses de demoliciones iniciales y 24 meses de construcción, aunque no detalló cuáles serán las demoliciones y descartó que se trate de una demolición total.

Durante el turno vecinal, Ana Bas, de Basta de Demoler (BdD), cuestionó que el proyecto “rompe con las normas” y aseguró que debió haber sido consultado con la Legislatura porteña. Sostuvo que los renders evidencian un aumento de volumen y que se trata de “una demolición para construir un estadio nuevo”. La ingeniera María Eva Koutsovitis, de La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, coincidió en que el proyecto supone la demolición de componentes estructurales protegidos para construir un nuevo edificio con mayor volumen.

Un informe de su organización junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que la superficie construida pasaría de casi 11 mil a casi 30 mil metros cuadrados, un aumento del 174%, y que la fachada elevaría su altura de 17,6 a 26 metros. También afirma que la obra contempla la remoción de la cubierta y la demolición de gradas y estructuras originales para reemplazarlas por un edificio independiente, conservando solo algunos elementos de la fachada.

Las organizaciones presentaron un amparo judicial y durante la audiencia se informó que ya existe una medida cautelar que frena provisoriamente el proyecto. El abogado Pacífico Rodríguez Villar sostuvo que la audiencia era “improcedente” por esa decisión judicial. El 27 de noviembre, la jueza Natalia Tanno ordenó suspender “de manera inmediata” cualquier obra o trámite relacionado con el proyecto hasta resolver la cautelar. Aunque el GCBA apeló, la audiencia se llevó adelante.