El Gobierno presentó su reforma laboral: claves sobre vacaciones, indemnizaciones y organización del trabajo

El Gobierno nacional dio a conocer su proyecto de reforma laboral, un texto que busca actualizar la normativa vigente y que incorpora modificaciones en vacaciones, indemnizaciones, jornadas de trabajo, procedimientos judiciales y regímenes especiales. El documento fue elaborado en el marco del Consejo de Mayo, donde participaron funcionarios, legisladores, empresarios, gobernadores y representantes sindicales, estos últimos en su mayoría críticos frente a los cambios propuestos.

Entre los puntos centrales, el proyecto mantiene los mínimos legales de vacaciones pagas, pero habilita acuerdos individuales o colectivos para ampliarlas. El empleador deberá otorgarlas entre octubre y abril, con aviso previo de 30 días, y cada fracción no podrá ser inferior a una semana. Además, se establece la obligación de permitir descanso en temporada estival al menos una vez cada tres años.

Respecto a la organización del tiempo laboral, la iniciativa incorpora el “banco de horas”, un sistema voluntario que permite compensar jornadas extensas con otras más reducidas. Para su aplicación, se exige registro de horas, descansos de 12 horas entre jornadas y un mínimo semanal de 35 horas continuas.

En materia de indemnizaciones, el proyecto habilita esquemas alternativos al régimen tradicional mediante fondos o seguros sectoriales financiados por aportes patronales. También fija topes y pisos para el cálculo, y regula la opción del trabajador de elegir entre reincorporación o pago indemnizatorio si la Justicia declara inválido un despido.

Las remuneraciones deberán documentarse de manera digital, incluyendo recibos de sueldo, asistencia y certificados médicos, mientras que la autoridad laboral podrá solicitar información adicional para garantizar la transparencia de los pagos.

El texto redefine los procedimientos en casos de enfermedad y ausencias, exige alta médica definitiva para reincorporarse y permite verificar certificados mediante un sistema centralizado. No se obliga al empleador a reasignar tareas distintas durante la recuperación parcial.

La reforma incorpora regímenes específicos para el personal de casas particulares —que tendrá un período de prueba de seis meses y recibos electrónicos— y para el trabajo agrario, donde se crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses.

También se establece un Fondo de Asistencia Laboral, solventado por un aporte patronal del 3%, que funcionará como respaldo ante despidos en el sector privado. A su vez, se crea un régimen para repartidores y mensajerías que operan con plataformas digitales, que deberán registrarse, aportar y cumplir normas de tránsito, manteniendo derechos y acceso a cobertura social.

El proyecto aborda además la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación, nuevas pautas para litigios laborales y un capítulo sobre prácticas sindicales con sanciones ante bloqueos y ocupación de establecimientos. Para las asambleas en lugares de trabajo se requerirá autorización previa y el tiempo no será remunerado.

En cuanto a convenios colectivos, desaparece la ultraactividad y se permitirá suspender cláusulas si generan distorsiones económicas. Asimismo, se impulsa un régimen transitorio para alentar la formalización laboral mediante reducciones de contribuciones patronales.

La iniciativa será debatida en las próximas semanas en el Congreso, donde el oficialismo buscará construir consensos para su aprobación.