Preocupación en los colegios privados por el impacto de los aumentos salariales retroactivos

De cara al reinicio de la actividad académica y al comienzo del ciclo lectivo 2026, los colegios privados atraviesan un escenario de creciente incertidumbre financiera, marcado por el desfasaje entre sus ingresos y los costos operativos que deben afrontar durante los meses de receso escolar.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), a esta dificultad estructural —que se repite cada verano— se suma la reciente resolución de los acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Las instituciones educativas advierten que deberán hacer frente a un fuerte desequilibrio económico, ya que los incrementos salariales rigen desde diciembre, sin que se hayan habilitado actualizaciones en los valores de las cuotas.

En el caso de los establecimientos que reciben aporte estatal, la normativa vigente establece que los aranceles sólo pueden modificarse a partir del mes de marzo. “Esto genera una brecha de al menos tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Las escuelas deberán afrontar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, los aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero —incluido el proporcional del aguinaldo—, además de los salarios de febrero, que se abonan en los primeros días de marzo. Todo ello, sin percibir ingresos por aranceles durante el receso y sin posibilidad de actualizar los montos cobrados.

Desde el sector estiman que el costo salarial acumulado alcanza aproximadamente un 8,1%, compuesto por un 1,5% correspondiente a diciembre y al Sueldo Anual Complementario, un 3,3% de enero y otro 3,3% de febrero, según lo acordado recientemente en la paritaria con el gobierno provincial.

En la Provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes, cifra que representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada. Todas estas instituciones deben respetar los topes arancelarios fijados por el Estado.

“El sistema educativo atraviesa un momento de cambios y enfrenta desafíos severos”, señaló Zurita, quien además advirtió sobre la caída sostenida en la cantidad de alumnos, un fenómeno que se extiende a nivel nacional.

A este contexto se suman niveles de morosidad superiores al promedio histórico, producto de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. “También debemos considerar el aumento constante de los costos operativos que implica sostener instituciones que trabajan para mejorar día a día la calidad educativa, a pesar de un contexto claramente desfavorable”, concluyó el dirigente de AIEPA.