El Gobierno reactivó la reforma del régimen penal juvenil y propone bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de avanzar esta misma semana en su tratamiento en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. La iniciativa retoma el texto presentado el año pasado, con una diferencia clave: esta vez incluye los fondos necesarios para su implementación.

El eje central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad penal. La propuesta oficial establece que los adolescentes puedan ser imputados a partir de los 13 años en casos de delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Sin embargo, los bloques de la oposición dialoguista —como la UCR y el PRO— ya adelantaron que impulsarán modificaciones para fijar la edad mínima en 14 años, un consenso que había comenzado a delinearse en debates previos.

Uno de los puntos que generó mayor controversia en 2025 fue el financiamiento del nuevo régimen. En ese entonces, el proyecto no contemplaba partidas específicas ni estaban previstas en el Presupuesto. Ahora, esa objeción fue saldada: el artículo 51 del texto enviado al Congreso incorpora una asignación presupuestaria de $23.739.155.303,08, con un detalle de los fondos destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

El régimen propuesto mantiene un sistema diferenciado del penal adulto y prioriza la resocialización. Para menores de hasta 15 años, los jueces podrán disponer medidas de privación de la libertad solo en casos excepcionales, mientras que para delitos menores se prevén sanciones alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño o medidas restaurativas.

Otro aspecto que podría sufrir cambios es el de la pena máxima. Mientras que el proyecto del Ejecutivo habilita condenas de hasta 20 años de prisión para delitos graves, el dictamen trabajado con sectores de la oposición durante el año pasado proponía un tope de 15 años y establecía que la privación de libertad sea el último recurso, privilegiando sanciones no privativas para delitos con penas menores.

La iniciativa también contempla la creación de institutos especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal, con personal capacitado en infancia y adolescencia, acceso a educación, atención médica y tratamientos por adicciones. Además, se prohíbe expresamente cualquier tipo de convivencia con detenidos adultos.

En cuanto a las garantías, el proyecto refuerza los derechos tanto de los jóvenes imputados como de las víctimas, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso judicial.

Según el cronograma anunciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la intención del oficialismo es dictaminar el proyecto este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.