La Iglesia cuestiona el freno a las obras en barrios populares y advierte por el impacto social

La Iglesia Católica y organizaciones sociales elevaron un fuerte reclamo al Gobierno nacional tras la decisión de avanzar con el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), organismo encargado de coordinar obras de infraestructura en barrios populares.

Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, referentes sociales manifestaron su preocupación por la paralización de proyectos de agua potable, cloacas, electricidad y urbanización que beneficiaban a miles de familias.

El pronunciamiento fue encabezado por Cáritas Argentina, cuyo presidente, el arzobispo Gustavo Carrara, advirtió que la suspensión de obras impacta directamente en condiciones básicas de vida. Señaló que, más allá de transferencias como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, la falta de infraestructura esencial profundiza la pobreza estructural.

Obras paralizadas y programas suspendidos

Según expusieron en la Mesa Nacional de Barrios Populares, el virtual congelamiento del área y la reducción presupuestaria derivaron en la detención de más de 700 obras en todo el país y en la interrupción del programa “Mi Pieza”, destinado a financiar mejoras habitacionales en viviendas precarias.

La controversia se profundizó luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), medida oficializada mediante el decreto 312/25. El fondo había sido creado en el marco de la ley 27.453, que institucionalizó la política de integración sociourbana tras el relevamiento nacional de barrios populares.

Desde el Gobierno, encabezado por Javier Milei, se argumentó la necesidad de revisar partidas y estructuras administrativas en el marco del ajuste fiscal. En paralelo, se habían presentado denuncias por presuntas irregularidades en la gestión anterior, aunque referentes eclesiásticos sostienen que los recursos contaban con auditorías de universidades y organismos internacionales.

Advertencia social

Datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) indican que más de 1,2 millones de familias viven en 6.467 barrios vulnerables en todo el país. Desde las organizaciones advierten que la retirada del Estado puede agravar problemas estructurales como la precariedad eléctrica, el riesgo de incendios o inundaciones y la falta de acceso a servicios básicos.

Además, señalaron que la suspensión del programa “Mi Pieza” dejó sin apoyo a más de 11.000 mujeres que habían iniciado mejoras en sus hogares.

La política de integración sociourbana había atravesado distintas gestiones nacionales desde 2016, consolidándose como una estrategia de consenso. El debate actual abre un nuevo capítulo sobre el rol del Estado en la urbanización de los sectores más postergados.