El Gobierno nacional creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, una herramienta que busca fortalecer los mecanismos de control sobre el cumplimiento de estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento de los cuarteles en todo el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 224/2026 del Ministerio de Seguridad. Según lo dispuesto, el registro estará a cargo de la Dirección de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
De acuerdo con el texto oficial, la iniciativa responde a la necesidad de contar con “normativa clara y simplificada que establezca criterios y estándares mínimos para la gestión administrativa, financiera y operativa” de las entidades que integran el sistema.
Entre sus funciones principales, el registro deberá recibir y tramitar solicitudes de reconocimiento de entidades de bomberos voluntarios en el marco de la Ley Nº 25.054, analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y elevar proyectos de aprobación o rechazo.
Además, tendrá la responsabilidad de registrar oficialmente a las entidades reconocidas, brindar asesoramiento técnico y administrativo sobre la aplicación de la normativa vigente y emitir certificados que acrediten la inscripción en el registro nacional.
La normativa también habilita a la Dirección de Bomberos Voluntarios a realizar controles de verificación y fiscalizaciones periódicas, intervenir en los procesos de rendición de cuentas y proponer sanciones o la pérdida del reconocimiento en caso de incumplimientos.
En paralelo, el organismo deberá realizar las adecuaciones necesarias en el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de mejorar los procesos de control y seguimiento.
La resolución establece que la medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, este viernes 13 de marzo. Sin embargo, lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se aplicará a los pagos que se efectúen desde 2026 en adelante.
Asimismo, la normativa contempla la homologación de herramientas digitales para fortalecer la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos. Con estos cambios, el Gobierno busca garantizar una administración más eficiente de los fondos destinados al sistema y reforzar el rol del Estado en su fiscalización.