Paro universitario: docentes inician una nueva semana de protesta por salarios y financiamiento

Los docentes universitarios iniciarán una nueva semana de medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La protesta, de alcance nacional, incluirá un paro total de actividades durante los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, convocado por las federaciones gremiales docentes Conadu y Conadu Histórica, junto a otros sindicatos que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Debido a los feriados del jueves y viernes, la actividad académica se verá afectada durante toda la semana.

Entre las acciones previstas, se destaca una clase pública que docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizarán este martes en las inmediaciones de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La actividad fue convocada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) y tendrá un componente simbólico y político: se desarrollará en las cercanías de un departamento que, según información difundida recientemente, pertenece al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa.

Según explicaron desde el gremio, la iniciativa busca visibilizar lo que consideran una contradicción entre el discurso oficial sobre el ajuste del gasto público y la situación patrimonial de funcionarios del Gobierno.

El paro tendrá impacto tanto en universidades nacionales como en colegios preuniversitarios, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. La modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque en algunas unidades académicas como en la UBA se evalúa la posibilidad de extender la medida por tiempo indeterminado si no hay convocatoria a paritarias.

A las medidas se sumarán también otros gremios del sector educativo. El sindicato docente de la Universidad Tecnológica Nacional adherirá a los tres días de paro, mientras que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal no docente, realizará una huelga el 31 de marzo. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro para el 31 de marzo y el 1 de abril.

Contexto del conflicto

El reclamo salarial se enmarca en una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según datos de Conadu, en lo que va de la actual gestión nacional los salarios docentes registraron una caída del 34% en términos reales.

En ese sentido, un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un salario bruto de 305 mil pesos, muy por debajo de los ingresos necesarios para sostener a una familia tipo por encima de la línea de pobreza.

A la par del deterioro salarial, las universidades públicas también enfrentan un fuerte recorte presupuestario. De acuerdo a un informe presentado por el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, el presupuesto universitario perdió un 45,6% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los puntos más críticos es el financiamiento de los gastos de funcionamiento. Aunque el Gobierno dispuso algunas actualizaciones tras la primera marcha federal universitaria, parte de esos incrementos fueron revertidos y el nivel actual se mantiene muy por debajo del de 2023.

El informe señala que el poder de compra de estos fondos equivale actualmente al 40% del registrado en enero de ese año, lo que implica una pérdida equivalente a nueve meses completos de financiamiento en poco más de dos años.

El ajuste también impactó en otras áreas clave: la inversión en infraestructura universitaria se redujo en un 100%, el financiamiento para ciencia y técnica cayó al 38% de su nivel de hace dos años y las actividades de extensión quedaron reducidas al 1% de su valor de 2023.

Asimismo, se registró un fuerte recorte en las becas Progresar. De mantenerse una inflación anual del 30%, su poder adquisitivo podría caer al 3% del nivel que tenían en 2023.

Desde el sistema universitario advierten que la situación excede una simple restricción presupuestaria. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en 2025 requeriría el equivalente al 0,23% del PBI, un monto que, señalan, resulta menor en comparación con otros compromisos fiscales asumidos por el Estado.