Créditos del Nación: funcionarios se defendieron mientras persisten dudas por posibles beneficios

Funcionarios del área económica del Gobierno nacional salieron a defenderse de las críticas por el acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación, en un contexto de creciente polémica por el otorgamiento de este tipo de financiamiento a integrantes del oficialismo.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Felipe Núñez, rechazaron haber recibido beneficios indebidos y aseguraron que las operaciones se realizaron dentro de la legalidad.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, sostuvo Núñez en declaraciones al canal de streaming Carajo. Sin embargo, las explicaciones se dieron en medio de cuestionamientos sobre si funcionarios con acceso a información privilegiada o vínculos con el sistema financiero estatal deberían acceder a este tipo de líneas.

Núñez argumentó que ambos son clientes del Banco Nación y que eligieron esa entidad porque perciben allí sus salarios y ofrecía las tasas más competitivas. También remarcó que se trata de compromisos a largo plazo: “Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase intentó despejar dudas sobre su situación patrimonial. Indicó que el crédito fue destinado a la compra de una segunda vivienda y negó versiones sobre una tercera propiedad. Según explicó, esta última corresponde a una donación de usufructo realizada por sus padres, de la cual posee un 33 por ciento y en la que no reside desde 2010.

De acuerdo con los datos difundidos, Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, equivalentes a unos 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Núñez accedió a 373 millones de pesos —unos 315 mil dólares— en febrero.

La controversia se amplificó al conocerse que otros funcionarios, legisladores y dirigentes también accedieron a créditos similares, lo que alimentó las críticas sobre un posible uso privilegiado de herramientas de financiamiento estatal en un contexto económico restrictivo para gran parte de la población.

Entre los casos mencionados figuran integrantes del Congreso, funcionarios del Poder Ejecutivo y directivos de organismos públicos. En uno de ellos, incluso, se produjo la salida de un funcionario tras no haber informado la operación a su superior jerárquico.

Aunque desde el oficialismo insisten en que no hubo irregularidades, el episodio reavivó el debate sobre los criterios de acceso a créditos públicos y el rol de los funcionarios en contextos de alta sensibilidad social.