
El Gobierno nacional anunció este jueves, a través de un decreto, la creación de una nueva Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), organismos que en distintas partes del mundo se encargan de analizar el costo-beneficio de los medicamentos antes de su comercialización. Este tipo de entidad busca equilibrar la viabilidad sanitaria de los tratamientos con el impacto económico que su incorporación supone para el sistema de salud, incluyendo obras sociales, prepagas y el sector público.
Bajo la conducción del ministro Mario Lugones, el nuevo organismo llevará el nombre de Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS) y contará con dos autoridades principales designadas por el Poder Ejecutivo. Su funcionamiento será autárquico, pero dependerá del Ministerio de Salud, y sus resoluciones tendrán carácter vinculante. La creación de ANEFiTS se formalizará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se publicará este viernes en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes oficiales, quienes subrayaron que la iniciativa no podía postergarse más.
La decisión de utilizar un DNU para poner en marcha este organismo responde a la dificultad de alcanzar consensos legislativos sobre un tema complejo y sensible, explicaron desde el Ejecutivo. En los últimos años, al menos 15 proyectos similares fueron debatidos en el Congreso sin éxito. El nuevo ente absorberá las funciones del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS) y también de la CONETEC, un organismo creado durante la gestión de Adolfo Rubinstein, cuyas recomendaciones no eran de cumplimiento obligatorio y que no logró consolidarse como una referencia en el sector.
La ANEFiTS tendrá la facultad de evaluar científicamente la seguridad, eficacia y efectividad de nuevas tecnologías sanitarias antes de que inicien el proceso de registro para su comercialización. Su estructura contará con dos presidentes designados por el Ejecutivo y cuatro vocales. Dos de ellos responderán directamente al Gobierno: uno en representación de la ANMAT y otro del Ministerio de Economía. Los otros dos serán un delegado del Consejo Federal de Salud (COFESA) y un representante de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA). Desde el Ministerio de Salud explicaron que no se incluirá a representantes de asociaciones de pacientes ni de laboratorios, aunque podrán ser consultados en el proceso de evaluación.
Entre sus principales desafíos, ANEFiTS deberá encontrar un equilibrio entre la reducción de litigios por coberturas médicas y la preservación de su independencia de criterio. El Gobierno anticipa que el organismo contribuirá a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, evaluando la viabilidad económica de cada medicamento antes de su ingreso al mercado. Su función implicará, en algunos casos, la revisión de tratamientos ya incorporados al Plan Médico Obligatorio (PMO) y otros programas de cobertura.
Uno de los puntos más relevantes es que ANEFiTS tendrá la potestad de definir qué porcentaje de cobertura recibirán los medicamentos evaluados, estableciendo si serán financiados en un 40%, 50%, 100% o, incluso, si no recibirán respaldo. Esta medida alcanzará a todas las entidades del sistema de salud bajo regulación nacional, como hospitales públicos, obras sociales y prepagas, e impactará en aquellas obras sociales provinciales que decidan adherir a la normativa.
El decreto también modifica el rol de la ANMAT en el proceso de aprobación de medicamentos. Mientras que en otros países, como el Reino Unido, los organismos reguladores y los entes de evaluación de tecnologías trabajan en paralelo, en Argentina será ANEFiTS quien determine primero la viabilidad económica y luego la ANMAT procederá con su registro. Esta modificación genera incertidumbre sobre el acceso a tratamientos innovadores y plantea interrogantes sobre la vigencia de mecanismos como el "uso compasivo" para pacientes con enfermedades graves.
Otro aspecto clave es el impacto de la ANEFiTS en la regulación de precios de medicamentos. Si bien la agencia no podrá fijar valores directamente, sí establecerá topes en ciertos casos, por ejemplo, cuando un nuevo fármaco tenga características similares a otros ya comercializados. Esta medida podría afectar particularmente a los medicamentos biológicos y a sus versiones biosimilares, cuya producción está siendo promovida por el Gobierno para abaratar costos en el sistema de salud.
Finalmente, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de crear un órgano consultor para asistir a los jueces en litigios por cobertura médica, dado que las resoluciones judiciales han sido un factor clave en la inclusión de tratamientos en el sistema de salud. Aunque la medida aún está en estudio, fuentes oficiales aseguraron que habrá novedades en las próximas semanas.