Contra reloj y contra la ley

Hay algo más que una disputa técnica en el nuevo movimiento del gobierno de Javier Milei frente a la Ley de Financiamiento Universitario. Lo que quedó expuesto con la presentación del Recurso Extraordinario por parte de la Procuración del Tesoro no es fortaleza institucional, sino una maniobra defensiva de último momento, casi desesperada, para esquivar una obligación concreta.

El dato es clave y obedece a que el recurso no tiene efecto suspensivo. Es decir, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decide si eleva el caso a la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo está obligado a transferir los fondos. Sin embargo, eligió judicializar el conflicto horas antes de que venciera el plazo. No es una estrategia jurídica sólida; es una señal política de debilidad.

El argumento oficial, nuevamente, fue la falta de fuentes de financiamiento que ya había sido utilizado para justificar el veto previo. Pero ese debate quedó saldado en el Congreso, donde el rechazo al veto convirtió la ley en plenamente vigente. Insistir con el mismo razonamiento en sede judicial no solo es redundante, sino que revela la incapacidad del Gobierno para aceptar límites institucionales cuando las decisiones no le resultan favorables.

Más aún, el intento de apartar a los jueces del máximo tribunal bajo el pretexto de su vínculo con la docencia universitaria roza lo insólito. Pretender que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen por esa razón no parece una preocupación genuina por la imparcialidad, sino otro intento de dilatar tiempos en un escenario adverso.

Mientras tanto, en la calle, la respuesta es inmediata. Estudiantes, docentes y familias no discuten tecnicismos: reclaman condiciones mínimas para sostener el sistema educativo. La movilización en el Colegio Carlos Pellegrini y la Marcha de las antorchas del último viernes son la contracara de un Gobierno que se repliega en expedientes judiciales. Cuando la política se retira, el conflicto escala.

El trasfondo es más profundo que una discusión presupuestaria. El oficialismo convirtió el “equilibrio fiscal” en un dogma innegociable, incluso cuando eso implica incumplir una ley vigente. Pero gobernar no es solo ajustar números: es administrar tensiones, respetar normas y sostener acuerdos básicos. En ese sentido, la decisión de judicializar en lugar de cumplir, evidencia una gestión que prioriza la épica del ajuste por sobre la legalidad.

La jugada también expone un problema de cálculo. Si la Cámara concede el recurso y lo eleva, el caso llegará a la Corte, pero sin frenar la obligación inmediata. Si no lo concede, el revés será aún más contundente. En ambos escenarios, el Gobierno queda atrapado entre la presión institucional y la social, sin una salida clara.

Lo que aparece, entonces, no es un Ejecutivo firme defendiendo sus convicciones, sino uno que reacciona ante los hechos consumados. La secuencia de veto, rechazo legislativo, suspensión por decreto, fallo en contra y ahora recurso extraordinario dibuja una línea de retrocesos más que de avances.

En política, los gestos importan. Y este gesto, lejos de mostrar determinación, transmite urgencia. Porque cuando un gobierno necesita correr a la Justicia a último momento para no cumplir una ley, el problema ya no es jurídico, es político. Y, sobre todo, es de gobernabilidad.