Amenazas de tiroteos en escuelas de Moreno: identifican a alumnos y avanzan contra sus familias

La Justicia bonaerense avanza en la investigación por amenazas de tiroteos en escuelas del partido de Moreno, donde se registraron más de 70 denuncias en una sola jornada. En el marco de la causa, fueron identificados siete alumnos presuntamente involucrados, dos de ellos de 16 años y, por lo tanto, imputables.

El expediente está a cargo de la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, titular de la UFI N°6 de Moreno-General Rodríguez, en coordinación con las fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7. A partir de los avances, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) llevó adelante siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Los menores fueron notificados por el delito de intimidación pública y deberán presentarse a declarar junto a sus padres. En paralelo, la fiscalía solicitó medidas de embargo contra las familias, que deberán ser evaluadas por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El monto aún no fue definido y será determinado por la Fiscalía de Estado provincial en función de los gastos generados por los operativos y la investigación.

Aunque las amenazas no derivaron en la suspensión de clases, las autoridades señalaron que se tendrán en cuenta los costos asociados a los procedimientos policiales y a la implementación de nuevos protocolos de seguridad en las escuelas.

La situación no es aislada. En distintas provincias y municipios del país se analizan medidas para que las familias de los responsables afronten los costos de los operativos. En Santa Fe, por ejemplo, estiman que cada despliegue policial puede costar entre cinco y seis millones de pesos.

Asimismo, en Corrientes las autoridades advirtieron que estos hechos serán investigados bajo el delito de intimidación pública y recordaron que los padres pueden ser considerados responsables civiles por los daños causados por sus hijos menores. En la misma línea, la Justicia de Mar del Plata dispuso que las familias deberán asumir los gastos derivados de este tipo de amenazas.