El Gobierno busca privatizar empresas públicas y recaudar USD 2.000 millones en 2026

El Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con el objetivo de recaudar unos USD 2.000 millones durante 2026. La estrategia, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, apunta a fortalecer las reservas y afrontar vencimientos de deuda en un contexto de restricciones financieras.

La iniciativa forma parte del programa económico de la administración de Javier Milei y se apoya en la Ley Bases, que habilita la venta o concesión de varias compañías estatales. Según estimaciones oficiales, la mayor parte de las operaciones se concretaría en el segundo semestre del año.

Entre las empresas incluidas en el plan se encuentran Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Transener, Citelec S.A., las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo, Tandanor y Casa de la Moneda.

Dentro de ese universo, AySA y Transener son los casos más avanzados. En el primero, el Gobierno ya publicó el contrato de concesión y prevé lanzar la licitación en los próximos días, con la expectativa de recaudar alrededor de USD 500 millones. La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En el caso de Transener, encargada de la red de alta tensión a nivel nacional, ya fueron habilitadas empresas para competir en la etapa económica, con ofertas que superan los USD 200 millones. La adjudicación está prevista para mayo y marcaría la salida total del Estado de la compañía.

El resto de los procesos aún se encuentra en etapas preliminares, con plazos que dependen de la complejidad de cada operación. Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, su titular Diego Chaher aseguró que el objetivo es avanzar con la venta de todas las compañías, aunque reconoció que los tiempos variarán según cada caso.

En términos financieros, el Gobierno admite que los ingresos provenientes de estas operaciones llegarían mayormente en la segunda mitad del año. Esto implica que, en el corto plazo, la estrategia para afrontar compromisos —como pagos de deuda por USD 4.200 millones— dependerá de la colocación de bonos y acuerdos con bancos internacionales.

La hoja de ruta oficial busca, además, reducir la participación del Estado en la economía y consolidar un esquema basado en la inversión privada. Según sostienen desde el equipo económico, el ingreso de capital tras las privatizaciones permitirá fortalecer las reservas y avanzar en el ordenamiento fiscal.