Un contratista declaró en los tribunales federales de Comodoro Py que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245.000 en efectivo por la refacción de su vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La presentación se dio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
El testigo, Matías Tabar, afirmó que fue contratado por recomendación de vecinos del barrio y que los pagos se realizaron sin recibos. Según su relato, los trabajos se extendieron entre octubre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron remodelaciones integrales en una casa de aproximadamente 400 metros cuadrados.
Entre las obras mencionadas se encuentran reformas en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimientos exteriores, remodelación de la parrilla y de la pileta, además de trabajos en la cocina y mejoras generales en iluminación y mobiliario.
Tabar se presentó ante la fiscalía con documentación respaldatoria, fotos y videos del antes y después de la vivienda. También entregó su celular para que se realicen peritajes, luego de reconocer que había eliminado parte de las conversaciones con el funcionario.
De acuerdo a su declaración, Adorni lo contactó antes de su presentación judicial y le ofreció ayuda, aunque finalmente el contratista rechazó ese acercamiento.
Los gastos vinculados a la propiedad se suman a otras erogaciones bajo análisis judicial. Según la investigación, el funcionario habría destinado más de USD 360.000 a bienes inmuebles en el último tiempo, además de registrar deudas por USD 335.000 con distintos acreedores.
Durante el período de refacción, la familia habría alquilado otra vivienda en el mismo country, con un costo estimado de USD 13.000 por unos diez meses.
En paralelo, la Justicia analiza el origen de los fondos utilizados, así como una serie de operaciones financieras y más de 18 viajes realizados desde 2022.
Ante las consultas públicas, Adorni evitó profundizar en su situación patrimonial y sostuvo que dará las explicaciones correspondientes en el ámbito judicial. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó en sus últimas declaraciones.
La causa continúa con la intervención de organismos técnicos que buscan reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si existe una justificación acorde a sus ingresos declarados.