El Gobierno profundizó el ajuste en educación y universidades antes de la marcha federal

En la antesala de una nueva movilización universitaria en defensa del financiamiento educativo, el Gobierno nacional oficializó una reducción presupuestaria de $78.768 millones en distintas áreas de la Secretaría de Educación. La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026 e impacta sobre programas vinculados a alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles e infraestructura universitaria.

Uno de los recortes más significativos afectó al Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados principalmente a transferencias para las provincias. También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo utilizado para complementar salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita cercana a los $8.930 millones.

El ajuste alcanzó además a programas educativos y sociales. El área de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió una reducción superior a los $6.649 millones, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas para estudiantes. A eso se sumó un recorte de $21.686 millones en partidas destinadas a infraestructura escolar y equipamiento.

La empresa estatal EDUC.AR S.A., encargada de contenidos y plataformas educativas, también quedó alcanzada por la decisión oficial con una reducción de transferencias de $48.000 millones.

En el sistema universitario nacional, el Gobierno suspendió transferencias de capital destinadas a obras de infraestructura en distintas casas de estudio. El recorte total asciende a $5.303 millones y afecta a trece universidades públicas. La Universidad Nacional de La Plata encabeza la lista con una reducción de $1.043 millones, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones.

También se registraron bajas en universidades como Río Cuarto y Entre Ríos, entre otras instituciones que tenían obras previstas dentro del programa de infraestructura del conocimiento.

En paralelo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según el informe, el programa destinado al desarrollo de la educación superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025, porcentaje que podría profundizarse al 41,6% proyectado a valores constantes de 2026.

El análisis compara además el presupuesto vigente con el que hubiera implicado la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo. De acuerdo con CEPA, de haberse aplicado esa norma, las universidades nacionales habrían contado con recursos cercanos a los $8,49 billones, muy por encima de los $5,51 billones contemplados en la propuesta oficial.

Desde el Gobierno defendieron la decisión y cuestionaron la viabilidad de la ley impulsada por el sistema universitario. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la norma “quedó derogada de manera implícita” con la aprobación del Presupuesto y argumentó que el Estado “no está en condiciones económicas” de afrontar el aumento salarial reclamado por las universidades.

Mientras tanto, sectores universitarios, gremios docentes y organizaciones estudiantiles mantienen la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir mayores recursos, actualización salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.