Investigan presuntas irregularidades millonarias en compras de la Andis

La Agencia Nacional de Discapacidad quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante 2025. Un informe elaborado dentro del Ministerio de Salud detectó fuertes diferencias entre los valores pagados por el Estado y los precios de referencia del mercado en compras de equipamiento médico y productos destinados a personas con discapacidad.

El relevamiento oficial analizó adquisiciones de sillas de ruedas, prótesis, andadores e insumos especializados. Según el documento incorporado a la causa, varias operaciones registraron incrementos que superaron ampliamente los valores considerados razonables.

Uno de los casos más llamativos correspondió a la compra de un andador cuyo precio pagado por el Estado habría superado en más de un 4200% el valor de mercado estimado para un producto similar. También se detectaron diferencias millonarias en adquisiciones de sillas de ruedas y dispositivos cardíacos.

En uno de los expedientes observados, una silla de ruedas destinada a un paciente de Córdoba fue facturada por alrededor de $19 millones, mientras que el valor de referencia utilizado por el Ministerio de Salud rondaba los $1,2 millones.

El informe además señaló presuntos vínculos societarios y familiares entre algunas de las empresas proveedoras, situación que —según los investigadores— habría afectado los principios de libre competencia en las contrataciones públicas.

Entre las firmas involucradas aparecieron Farma Salud, Bymax Medical, Expo Trauma y otras compañías vinculadas al rubro médico y ortopédico. El documento oficial indicó que seis proveedores concentraron pagos por más de $18.000 millones.

La causa también puso el foco sobre el funcionamiento del sistema digital utilizado para agilizar compras dentro del organismo. Según la hipótesis fiscal, un grupo reducido habría intervenido en la selección de empresas participantes en las compulsas de precios.

El expediente judicial tiene entre los procesados a Diego Spagnuolo, quien encabezó el organismo durante parte del período investigado. Su defensa sostuvo que no existieron pruebas que lo vincularan directamente con las maniobras denunciadas.

La investigación quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Sergio Picardi. En total, la Justicia llamó a indagatoria a 49 personas entre empresarios, exfuncionarios y operadores vinculados al sistema de contrataciones.