Avanza la privatización de AySA: el Gobierno abrió la licitación para vender la empresa

El Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que posee el Estado en la empresa. La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 704/26, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa representa un paso clave en el plan impulsado por la administración de Javier Milei para desprenderse de empresas públicas consideradas “sujetas a privatización” en la Ley Bases. Las compañías interesadas en adquirir la participación estatal tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas.

Luego de esa fecha, una comisión evaluadora integrada por tres miembros analizará las propuestas y definirá cuál resulta más conveniente, un proceso que podría extenderse durante varios meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el objetivo es incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa”. Además, afirmó que el Gobierno busca avanzar hacia “un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.

AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, alcanzando a más de 15 millones de personas. Según el último reporte de sustentabilidad de la empresa, correspondiente a 2023, el servicio de agua llega a 11,3 millones de habitantes y el de saneamiento a 9,4 millones.

Actualmente, el Estado nacional controla el 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo manifestó su intención de privatizar AySA con el argumento de reducir el déficit fiscal. En ese marco, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni aseguró meses atrás que la empresa había requerido aportes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023.

Antes de avanzar con la venta, el Gobierno impulsó un proceso de reorganización interna que incluyó recortes de personal, suspensión de obras y fuertes aumentos tarifarios. De las 299 obras que estaban en ejecución a fines de 2023, las nuevas autoridades resolvieron continuar solo con 36.

Además, se concretaron más de 200 despidos y se aplicaron incrementos en las tarifas. Según datos del Observatorio de Tarifas y Servicios del IIEP (UBA-Conicet), el precio del servicio de agua acumuló un aumento del 418% entre diciembre de 2023 y abril de 2026.