La Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reducir el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por “zona fría”, una medida que apunta a recortar beneficios y avanzar en el ordenamiento fiscal del sistema energético.
Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. El oficialismo logró el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo, entre otros espacios aliados.
En contrapartida, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto en bloque, acompañados por legisladores de Provincias Unidas, sectores cordobeses y santafesinos y otros diputados que cuestionaron el impacto del recorte sobre sus distritos.
Entre las abstenciones se destacaron los tres diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil. También llamó la atención el voto favorable de la monobloquista Karina Banfi, quien previamente había manifestado su rechazo a la iniciativa.
El proyecto propone limitar el beneficio únicamente a hogares ubicados en zonas de frío extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando atrás la ampliación aprobada en 2021 a partir de una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner.
Según datos oficiales expuestos por la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,6 millones de usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1,8 millones mantendrán descuentos superiores al 75% a través del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La nueva normativa establece además que el subsidio alcanzará exclusivamente el consumo de gas natural y no la totalidad de la factura, como ocurre actualmente.
De acuerdo con el Gobierno, la medida busca contribuir a la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y el ordenamiento de las cuentas públicas.
Durante la misma jornada, la Cámara baja también aprobó la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas.
El oficialismo consiguió además desactivar una sesión impulsada por la oposición vinculada a los cuestionamientos judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de alcanzar el quórum necesario para iniciar el debate parlamentario.