Buscan derogar la Ley de Etiquetado Frontal y crece la tensión entre salud pública e industria

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a encender el debate sobre el rol del Estado en materia de salud pública, el derecho a la información de los consumidores y la influencia de la industria alimenticia en las políticas regulatorias.

La ofensiva tomó impulso en los últimos días a partir de un proyecto presentado por diputados del PRO y La Libertad Avanza, mientras el Poder Ejecutivo ya remitió al Senado una iniciativa propia para eliminar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021.

La normativa estableció la incorporación de octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, además de señalar la presencia de edulcorantes y cafeína.

Debate y presión empresarial

El argumento central del oficialismo sostiene que el sistema actual “genera confusión”, afecta la competitividad de la industria nacional y debería ser reemplazado por un esquema armonizado con estándares del Mercosur.

Sin embargo, detrás de la discusión técnica vuelve a aparecer el peso del histórico lobby de las grandes alimenticias nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), presidida por Daniel Funes de Rioja, una de las voces empresariales más activas contra regulaciones vinculadas al etiquetado, la publicidad y la composición de alimentos.

Diversos sectores sanitarios y organizaciones de consumidores advirtieron que una eventual derogación implicaría un retroceso en materia de salud pública y acceso a información clara.

Fernando Andrés Grimaldi, licenciado en Gestión de Agroalimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA y especialista en Asuntos Regulatorios de Alimentos, explicó que el sistema fue diseñado para garantizar el derecho a la salud y promover una alimentación adecuada mediante información nutricional simple y comprensible.

Según detalló, el etiquetado frontal permite advertir de forma visible sobre nutrientes críticos presentes en exceso y busca prevenir enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la alimentación.

Grimaldi, quien trabaja en el análisis de fórmulas alimenticias y la determinación de sellos según la normativa vigente, señaló que para definir si un producto debe llevar advertencias se evalúa primero la presencia de azúcares, grasas, sodio, edulcorantes o cafeína agregados y luego si esos componentes superan los límites establecidos por la ley.

Asimismo, aclaró que la presencia de sellos no convierte automáticamente a un alimento en “bueno” o “malo”, aunque sí constituye una herramienta visual rápida para que el consumidor pueda comparar productos y comprender mejor su composición.

Antes de la implementación de la norma, la información nutricional estaba limitada a tablas ubicadas en la parte posterior de los envases, muchas veces de difícil interpretación para gran parte de la población.

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021 luego de años de debate parlamentario y contó con el respaldo de sociedades científicas, organizaciones de nutrición, pediatría y organismos internacionales vinculados a la salud pública. Su principal objetivo fue reducir los índices de obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas al consumo excesivo de productos ultraprocesados.

Cambio de escenario

La nueva avanzada legislativa es impulsada por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), en línea con la agenda desreguladora promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger.

En paralelo, el Gobierno sostiene que el sistema argentino genera desventajas competitivas frente a otros países del Mercosur y busca avanzar hacia un esquema regional unificado.

La discusión volvió a exponer el peso del sector alimenticio en el debate regulatorio. COPAL, que reúne a las principales compañías de alimentos y bebidas del país, cuestionó durante años distintos aspectos de la ley, en particular el impacto de los octógonos sobre productos industrializados y las restricciones publicitarias.

En ese contexto, distintas organizaciones sanitarias sostienen que detrás del planteo sobre la “libertad de elección” existe una fuerte presión empresarial para reducir controles sobre alimentos ultraprocesados.

En las últimas horas, el exdiputado nacional Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la ley, cuestionó el intento de derogación y apuntó directamente al “lobby empresarial” como uno de los factores que impulsan la ofensiva contra la normativa.