Sturzenegger volvió a cuestionar el financiamiento universitario y planteó una suba del IVA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a cuestionar la Ley de Financiamiento Universitario al sostener que su implementación requeriría una suba de impuestos que terminaría impactando sobre los precios y el poder adquisitivo de la población. De esa manera, defendió la postura del Gobierno nacional de no ampliar los recursos destinados al sistema de educación superior.

Durante una entrevista con Infobae el funcionario nacional afirmó que la iniciativa aprobada por el Congreso presenta “un problema de origen”, ya que, según sostuvo, “el Congreso no puede emitir una ley sin decir de dónde viene la plata”. En ese marco, planteó como ejemplo una eventual suba del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cubrir el costo de la norma.

“Si hubiéramos dicho que subíamos el IVA un punto y medio y listo. Hay que generar los recursos. Ese gasto hay que financiarlo”, expresó Sturzenegger al explicar su posición sobre el financiamiento universitario.

Más adelante, profundizó el argumento y señaló que una medida de ese tipo tendría consecuencias directas sobre el consumo y los ingresos. “Todo lo que van a comprar va a salir un punto y medio más, les va a bajar el salario un punto y medio más”, afirmó.

El ministro también se refirió a la situación judicial de la ley y consideró que las resoluciones que suspendieron su aplicación respaldan la postura oficial. “La Justicia nos dice que no paguemos”, sostuvo.

Sin embargo, desde el ámbito universitario remarcan que la discusión excede el debate sobre las fuentes de financiamiento. Según estimaciones del sector, las universidades nacionales necesitan alrededor de 7,3 billones de pesos para garantizar su funcionamiento durante 2026, mientras que el presupuesto proyectado por el Gobierno ronda los 4,8 billones.

Además, distintos referentes académicos y organizaciones vinculadas a la educación superior cuestionan las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y señalan que el Estado resignó recientemente ingresos millonarios mediante beneficios otorgados a grandes grupos exportadores. A su entender, parte de esos recursos podrían haberse destinado a atender las necesidades del sistema universitario y científico nacional.