Las universidades lograron arrancarle al Gobierno una mejora salarial, pero advierten que la crisis sigue abierta

Tras varios meses de negociaciones y un escenario marcado por reclamos presupuestarios, el Gobierno nacional y las universidades públicas lograron un acuerdo destinado a aliviar parte de la crisis financiera que atraviesa el sistema de educación superior.

El convenio establece una recomposición salarial cercana al 25% para docentes y no docentes, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33% en junio y otro del 3,3% en octubre. La medida busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente al avance de la inflación, una situación que generó protestas y provocó la salida de miles de docentes en distintas instituciones del país.

Además de la actualización salarial, el acuerdo incorpora un aumento del 20% en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios. Este refuerzo se suma a los recursos ya previstos para esas instituciones sanitarias, consideradas estratégicas para la formación académica y la atención de la comunidad.

Otro de los puntos destacados es la ampliación del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. No obstante, el entendimiento no contempla modificaciones para el programa Progresar, uno de los reclamos planteados por distintos sectores educativos.

Desde el ámbito universitario valoraron el acuerdo como un avance importante, aunque remarcaron que no resuelve los problemas de fondo. El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, señaló que la mejora representa un alivio para trabajadores y estudiantes, pero insistió en que la discusión sobre el financiamiento universitario continúa abierta.

Las autoridades académicas también remarcan la necesidad de avanzar en temas vinculados a infraestructura, equipamiento, laboratorios y obras paralizadas en distintas universidades del país. En ese sentido, sostienen que la recuperación plena del sistema requerirá políticas de largo plazo y una mayor previsibilidad presupuestaria.

Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios del sector analizarán los alcances del acuerdo y definirán los próximos pasos en una negociación que, si bien muestra señales de acercamiento, todavía mantiene desafíos pendientes para garantizar la sustentabilidad de la educación pública superior.