El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo al proyecto presentado por un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que propone desregular el mercado inmobiliario, al considerar que la iniciativa representa un retroceso para la actividad profesional y pone en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones.
El presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao, cuestionó duramente la propuesta impulsada por nueve diputados del bloque libertario en la Legislatura bonaerense. Según sostuvo, el proyecto, presentado bajo la premisa de “desregular el mercado inmobiliario”, implica una modificación que equipara a profesionales universitarios matriculados con personas físicas o jurídicas que no cuentan con habilitación para ejercer la actividad.
“Se trata de una iniciativa que, a primera vista, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica de la profesión en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Colao en un comunicado difundido por la institución.
Desde Martilleros BA señalaron que uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la modificación del artículo 80 del régimen de infracciones. Según explicaron, el nuevo texto excluiría de sanciones y multas a quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin poseer título de martillero o corredor público.
Para la entidad, este cambio implicaría despenalizar el ejercicio ilegal de la actividad. “No solo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”, sostuvo Colao.
El dirigente también acusó a los legisladores impulsores de la iniciativa de promover medidas que vulneran el trabajo y la formación de los profesionales matriculados. En ese sentido, remarcó que detrás de cada corredor o martillero existe una carrera universitaria, capacitación permanente y un marco regulatorio destinado a garantizar transparencia y seguridad en las operaciones.
Asimismo, el Colegio advirtió sobre el impacto laboral que podría generar la eventual aprobación del proyecto. Según sus estimaciones, la medida podría precarizar o incluso comprometer las fuentes de trabajo de más de 200.000 familias que dependen de manera directa o indirecta de la actividad inmobiliaria en territorio bonaerense.
Finalmente, la institución ratificó su rechazo a la propuesta legislativa y reclamó que cualquier reforma del sector contemple la defensa del ejercicio profesional y la protección de los consumidores.