El oficialismo intenta aprobar en el Senado la reforma sobre propiedad privada y 36 pliegos judiciales

La Libertad Avanza intentará realizar este jueves la última sesión del Senado antes del receso invernal con el objetivo de aprobar el proyecto de ley de propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y una serie de pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino.

La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada la semana pasada, en la que el oficialismo alcanzó un entendimiento con bloques dialoguistas para definir el temario de la sesión prevista para este jueves y la siguiente, programada para el 6 de agosto.

Sin embargo, el oficialismo aún enfrenta incertidumbre respecto del quórum necesario para iniciar el debate, ya que algunos senadores comenzaron sus vacaciones debido al inicio anticipado del receso invernal en varias provincias, según indicaron fuentes legislativas.

Cambios en el proyecto de propiedad privada

La iniciativa elaborada por el Ministerio de Desregulación sufrió modificaciones durante su tratamiento en comisión. Entre los principales cambios, se eliminó el capítulo referido a la ley de barrios populares y se reformularon los apartados vinculados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de los límites vigentes para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras en el país. La propuesta establece que cada operación deberá contar con la autorización de la provincia donde se ubique el inmueble.

En el caso de tierras rurales, se mantendrá la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir inmuebles sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, en las zonas de frontera continuará siendo necesaria la aprobación de las autoridades nacionales, provinciales y del Congreso.

El texto también incorpora la figura del silencio administrativo, por la cual, si transcurren 180 días sin objeciones de los organismos competentes, la operación quedará automáticamente autorizada.

Nuevas reglas para los desalojos

Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa modifica el régimen de desalojos. El proyecto contempla un procedimiento exprés para casos de usurpaciones o tenencias precarias, permitiendo al juez ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y se presente la documentación correspondiente.

En situaciones vinculadas con alquileres, el propietario deberá intimar previamente al inquilino mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si persiste el incumplimiento, podrá iniciar la acción judicial de desalojo, que se ejecutaría en un plazo de diez días hábiles.

La propuesta también establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble, aunque podrá dejar constancia de las deudas pendientes para reclamarlas posteriormente.

Asimismo, cuando en la vivienda habiten menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin interrumpir el proceso judicial.

Pliegos judiciales

Además del proyecto de propiedad privada, La Libertad Avanza buscará aprobar 36 pliegos judiciales.

Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien deberá obtener el aval del Senado antes del 27 de julio, fecha en la que cumplirá 75 años, límite constitucional para permanecer en funciones sin una nueva designación.

Pesino presentó un recurso de amparo para continuar en el cargo en caso de que el tratamiento legislativo vuelva a demorarse.

También será analizado el pliego de Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, donde tramitan causas de alto perfil, entre ellas la que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.

De concretarse la aprobación de los pliegos, el Gobierno habrá logrado cubrir 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total cercano a 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.