El Senado debatirá este jueves el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, incorporar mecanismos de desalojos exprés y modificar el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. En la misma sesión también se tratarán 36 pliegos judiciales.
Tras varias semanas de negociaciones, el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de un paquete legislativo que obtuvo respaldo de bloques aliados, entre ellos sectores del PRO, la UCR y representantes provinciales. Uno de los cambios incorporados durante la negociación fue otorgar a las provincias la facultad de autorizar o rechazar las operaciones de compraventa de tierras, un punto que facilitó el respaldo de algunos gobernadores.
La sesión fue convocada para las 12 y será la última antes del receso legislativo de invierno.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la derogación de los límites establecidos por la legislación vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Actualmente, la normativa fija un tope del 15% de la superficie rural nacional en manos de capitales extranjeros.
De acuerdo con datos del Observatorio de Tierras, actualmente alrededor del 5% de las tierras rurales del país —equivalente a unas 13 millones de hectáreas— pertenece a inversores extranjeros. Con la reforma, desaparecerían esos límites, incluso en departamentos donde la participación de capital extranjero ya supera el 40% o el 50%.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar los montos indemnizatorios, una medida que, según sus impulsores, busca fortalecer el derecho de propiedad. En tanto, sectores opositores sostienen que la reforma podría dificultar futuras expropiaciones de activos considerados estratégicos.
Otro de los puntos contempla la implementación de desalojos exprés, al permitir que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin necesidad de esperar una sentencia definitiva.
Asimismo, la iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que actualmente impiden cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios, una medida que genera cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas.
Desde la oposición surgieron críticas al proyecto, especialmente por la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El senador Eduardo "Wado" de Pedro sostuvo que la iniciativa "favorece la extranjerización del territorio" y aseguró que el bloque peronista intentó reunir los votos necesarios para impedir la aprobación de ese capítulo del proyecto.
Además del debate legislativo, la Cámara alta analizará 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesita un nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo al cumplir 75 años.
Pesino integró el tribunal que revocó la medida cautelar impulsada por la CGT y habilitó la aplicación de buena parte de la reforma laboral promovida por el Gobierno. También intervino en una resolución vinculada a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la que dispuso el desplazamiento de las autoridades encabezadas por Abel Furlán.