La Justicia de EE.UU. ordenó a la Argentina pagar US$391 millones por Aerolíneas

La Argentina sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Una Corte del Distrito de Columbia ordenó al Estado nacional cumplir con el pago de una sentencia derivada del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que beneficia al fondo Titan Consortium, actual titular de los derechos del reclamo.

De acuerdo con la resolución judicial, el monto reconocido asciende a aproximadamente US$390,9 millones, cifra que incluye la indemnización fijada originalmente, los costos del proceso y los intereses acumulados. Además, el fallo establece que continuarán devengándose intereses hasta que la obligación sea cancelada.

El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino dispuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que por entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. Los antiguos accionistas iniciaron un arbitraje internacional al considerar que la medida violó el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre Argentina y España.

En 2017, un tribunal del CIADI concluyó que la Argentina debía indemnizar a los demandantes con US$320,76 millones, además de afrontar las costas del proceso e intereses. El Estado solicitó la anulación del laudo, pero ese planteo fue rechazado y la condena quedó firme. Posteriormente, los derechos sobre esa sentencia fueron adquiridos por Titan Consortium, que inició el proceso para ejecutar el fallo en la justicia estadounidense.

La Corte del Distrito de Columbia consideró que se cumplían los requisitos para reconocer y ejecutar el laudo arbitral internacional. En su decisión, el tribunal señaló que la Argentina no cuestionó la validez de la sentencia del CIADI ni la titularidad del crédito por parte de Titan Consortium, por lo que hizo lugar al pedido de ejecución presentado por el fondo.

La resolución adquiere especial relevancia porque, si el Estado no cumple con el pago, el acreedor queda habilitado para avanzar con acciones destinadas a localizar y ejecutar bienes argentinos que puedan ser embargados en jurisdicciones donde exista competencia para hacerlo. Ese escenario ya comenzó a explorarse en tribunales estadounidenses mediante pedidos de identificación de activos estatales.

El caso se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y organismos arbitrales vinculados a decisiones adoptadas durante la última década. Aunque la sentencia confirma la obligación de pago, el Gobierno todavía puede definir la estrategia que seguirá para afrontar la ejecución del fallo y eventuales negociaciones con el demandante.