El Gobierno nacional reducirá a partir de septiembre el alcance del Plan Remediar, que pasará de contar con 75 principios activos a ofrecer únicamente tres medicamentos gratuitos destinados al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Según un informe del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud (CIIPS), el programa sufrió un recorte presupuestario del 72% respecto de 2023.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, durante 2026 el Ejecutivo destinó $36.054 millones al programa, una cifra que representa una reducción cercana al 70% en comparación con los recursos asignados tres años atrás.
Creado en 2002, el Plan Remediar tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de más de 8.000 centros de atención primaria distribuidos en todo el país.
El informe del CIIPS señala que, en los últimos tres años, la cantidad de tratamientos entregados cayó un 52%, al pasar de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025. El estudio sostiene además que las compras realizadas durante 2023 permitieron mantener un stock suficiente para amortiguar el impacto de la reducción durante 2024 y buena parte de 2025.
A partir de septiembre, el vademécum quedará reducido a tres medicamentos: la combinación de losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina, todos utilizados para el tratamiento de patologías cardiovasculares.
El relevamiento también advierte una fuerte disminución en la distribución de botiquines a los centros de salud. Según el documento, la entrega pasó de entre tres y cinco botiquines cada 100 habitantes a apenas uno por cada 100 habitantes.
Además, desde septiembre solo 800 centros de salud recibirán estos insumos, mientras que alrededor de 7.300 establecimientos dejarán de contar con esa provisión.
El informe indica que el impacto del recorte no es uniforme en todo el país. Entre 2024 y 2025, la disminución en la cantidad de tratamientos entregados osciló entre el 2,3% en Río Negro y el 72,4% en Chaco.
Las provincias más afectadas son Chaco (72,4%), Mendoza (64,5%), Santiago del Estero (61,6%) y Misiones (61%). El estudio atribuye esta situación a que concentran una elevada proporción de población con cobertura pública exclusiva y cuentan con menor capacidad fiscal para compensar la reducción del programa.