Autoridades de salud mental de distintas provincias presentaron en el Senado de la Nación un informe federal que advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda de atención y la creciente presión que enfrentan los sistemas públicos de salud mental.
La presentación se realizó en el marco del debate en el Congreso por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y tuvo como eje la situación actual de los sistemas provinciales y las dificultades que enfrentan para responder al aumento de los padecimientos vinculados a la salud mental.
El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reunió información aportada por las máximas autoridades de salud mental de 14 jurisdicciones, que en conjunto representan al 70,85% de la población argentina.
Uno de los principales datos del informe es el fuerte incremento de la demanda de atención. Durante el último año, las consultas ambulatorias por salud mental aumentaron un 23%, mientras que las internaciones registraron un incremento del 42% entre 2023 y 2026. Solamente durante el último año, las internaciones crecieron un 12%.
El informe también registra un aumento de la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, además de un mayor requerimiento de asistencia en el sistema público por parte de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga.
Las autoridades provinciales señalaron que el incremento de la demanda se produce en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo.
Según plantearon, estos factores generan una presión cada vez mayor sobre los sistemas públicos de salud mental, que en los últimos años debieron ampliar sus capacidades para intentar responder al crecimiento de las necesidades de atención.
Las 14 jurisdicciones relevadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales. Entre 2021 y 2026 se identificaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales.
Además, 13 de las 14 provincias informaron ampliaciones de sus camas de internación y de sus redes comunitarias, que incluyen equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos destinados al abordaje de los consumos problemáticos.
A pesar de estas medidas, las autoridades provinciales advirtieron que las capacidades existentes se encuentran sobreexigidas frente a un incremento de los padecimientos que, según señalaron, no se detiene.
También identificaron dificultades para completar los equipos profesionales con algunas disciplinas consideradas críticas y remarcaron que las provincias debieron asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con acompañamiento del Estado nacional.
Frente a este escenario, las autoridades provinciales plantearon una serie de medidas que consideran necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud mental.
Entre los principales reclamos se encuentran un aumento de la inversión, la ampliación de la infraestructura y de los recursos humanos, el fortalecimiento de la red pública, la garantía de acceso a medicamentos y la producción de información epidemiológica nacional de calidad.
Asimismo, consideraron necesario recuperar una coordinación efectiva entre el Estado nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de sostener una política federal y permanente frente a una problemática de creciente relevancia epidemiológica.
La presentación del informe se produjo mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
En ese contexto, las autoridades provinciales expresaron su preocupación por las modificaciones propuestas y consideraron que no ofrecen respuestas a los principales problemas que actualmente atraviesan los sistemas de salud mental.
Según plantearon, algunos de los cambios podrían generar nuevas barreras para el acceso a la atención. También cuestionaron la eliminación o modificación de marcos y garantías que consideran centrales para la política de salud mental, sin que se incorpore, al mismo tiempo, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.
Las provincias sostuvieron que el escenario actual requiere fortalecer las políticas públicas existentes, incrementar los recursos destinados a salud mental y recuperar una estrategia federal que permita responder de manera coordinada al crecimiento de la demanda.
El relevamiento incluyó a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Además, participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río Negro.
De esta manera, el informe presentado en el Senado puso en agenda el impacto del crecimiento de la demanda de atención en salud mental y el desafío que representa para los sistemas públicos, en un escenario atravesado además por el debate legislativo sobre la normativa nacional que regula las políticas de salud mental.