La Ley de Tierras volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina. La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para analizar un nuevo pedido de medida cautelar que podría restablecer las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La discusión se produce después de que el máximo tribunal revocara un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
El nuevo expediente fue impulsado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes sostienen que su presentación tiene fundamentos propios, vinculados con la protección ambiental y los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La resolución podría tener consecuencias que exceden el ámbito judicial. La oposición busca tratar el DNU 70/2023 en una sesión especial prevista para el 15 de octubre, mientras el oficialismo intenta avanzar con una iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada que podría incorporar disposiciones relacionadas con la compra de tierras por parte de extranjeros.
De esta manera, el expediente reúne tres dimensiones sensibles: la política de propiedad de la tierra, la protección de los territorios y los recursos naturales, y la disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia por el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno.
La definición de la Corte será clave para determinar cómo continúa el litigio y qué margen queda para la discusión legislativa sobre el régimen de tierras rurales.