La Justicia sancionó a Diego Santilli por incumplir la cautelar sobre el financiamiento universitario

La Justicia federal impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, luego de que vencieran los plazos establecidos para que el Gobierno cumpliera con las obligaciones fijadas judicialmente.

La medida responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado la aplicación de sanciones económicas ante la falta de avances en la recomposición salarial de docentes y no docentes y en la actualización de los recursos destinados a las becas estudiantiles.

El magistrado hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto previamente y estableció una multa diaria para el funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete. Además, dejó abierta la posibilidad de modificar el monto de la sanción e incorporar a otros funcionarios del Poder Ejecutivo si continúa el incumplimiento.

Este tipo de penalidades, conocidas como astreintes, tiene como objetivo lograr que se cumplan las órdenes judiciales. En este caso, la sanción busca que el Gobierno avance con las actualizaciones previstas en la legislación para el sistema universitario público.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La disputa se originó a partir de la decisión del Gobierno nacional de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de los recursos presupuestarios necesarios para afrontar los gastos que establece la norma.

La legislación contempla medidas para recomponer los ingresos del personal docente y no docente de las universidades nacionales, actualizar las becas estudiantiles y garantizar los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, el Poder Ejecutivo supeditó su implementación a la disponibilidad de financiamiento. La decisión fue cuestionada por las universidades y dio lugar a una serie de presentaciones judiciales.

En ese marco, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con las actualizaciones salariales y de las becas. La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema rechazó posteriormente un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional, por lo que la cautelar continúa vigente.

Ante la falta de cumplimiento, el juez había intimado al Gobierno a ejecutar las medidas pendientes dentro de un plazo determinado. Tras el vencimiento de ese término y una prórroga posterior, el CIN insistió con el pedido de sanciones económicas.

La postura del Gobierno

La administración de Javier Milei sostiene que realizó incrementos salariales y convocatorias paritarias para atender los reclamos del sector universitario. También cuestiona el alcance de la recomposición exigida judicialmente y plantea objeciones vinculadas con la disponibilidad de partidas presupuestarias.

En sus presentaciones, el Ejecutivo argumentó que los aumentos otorgados representan una respuesta a las demandas salariales y advirtió sobre el impacto fiscal de las actualizaciones reclamadas.

El Gobierno también apeló el pronunciamiento de Cormick que declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento.

No obstante, esa discusión judicial no deja sin efecto la cautelar que ordena actualizar los salarios y las becas. Por ese motivo, el magistrado resolvió avanzar con la sanción económica ante el incumplimiento que consideró acreditado.

La sanción se conoció antes de la Marcha Federal Universitaria

La decisión judicial se difundió en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

La movilización reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, organizaciones sindicales y autoridades universitarias para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para las instituciones públicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria tendrá como uno de sus principales puntos de concentración la Plaza del Congreso, donde se realizará el acto central. La jornada también estará atravesada por otros reclamos políticos y sociales dirigidos al Gobierno nacional.

En este contexto, la multa contra Santilli suma un nuevo capítulo al conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales. Mientras continúa la discusión judicial sobre la implementación de la ley, el Gobierno deberá afrontar la exigencia de cumplir con una medida cautelar vigente y con las obligaciones que la Justicia considera pendientes.