El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para empleados estatales

El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de reorganización de las estructuras y dotaciones del Estado.

La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos.

El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a empleados contratados de manera transitoria ni alcanza a la totalidad de los organismos del sector público nacional.

Cómo funcionará el retiro voluntario

El esquema establece diferentes modalidades de compensación económica en función de la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente.

Para las mujeres de 58 años o más y los hombres desde los 63 años que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse, se contemplan dos alternativas: una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.

En el caso de las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 años que tengan al menos 30 años de aportes, la compensación será equivalente a un salario por cada año de antigüedad, dentro de los límites establecidos, más cinco remuneraciones adicionales.

Por su parte, las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 años recibirán una compensación de un salario por cada año trabajado, con un tope de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según tengan menos de 15 años de antigüedad o alcancen o superen ese período.

Quiénes podrán acceder y cuáles son las restricciones

Además de cumplir con las condiciones laborales previstas, los interesados no deberán tener procesos penales por delitos contra la administración pública ni determinados sumarios administrativos pendientes. También quedarán excluidos quienes se encuentren en situación de disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o atraviesen el cuarto año de una licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

Los empleados que mantengan reclamos judiciales o administrativos vinculados con su relación laboral con el Estado deberán desistir formalmente de esas acciones para adherir al programa.

La medida tampoco comprende a organismos descentralizados, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ni al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

Qué pasará con los trabajadores que adhieran

La adhesión al régimen implicará la finalización de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. Además, quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante un período de ocho años.

La aceptación de las solicitudes no será automática. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarlas si consideran que la desvinculación afecta la prestación de los servicios. Para resolver tendrán un plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción; si no existe una aceptación expresa, la solicitud se considerará rechazada.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que también tendrá facultades para dictar normas complementarias y establecer una eventual prórroga del período de adhesión.