El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias por el reclamo de la Argentina contra las actividades petroleras vinculadas con el Reino Unido en las inmediaciones de las islas Malvinas. El Gobierno nacional busca que se suspendan esas operaciones mediante una medida cautelar mientras continúa el procedimiento jurídico correspondiente.
La decisión fue adoptada por el presidente del organismo, el juez Maurice K. Kamga, y comunicada oficialmente por el tribunal. La presentación argentina había sido realizada el 13 de octubre por el gobierno de Javier Milei.
Durante las audiencias, las partes expondrán sus argumentos antes de que los jueces resuelvan si corresponde otorgar las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.
La presentación se vincula con el avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, una región cuya soberanía es disputada por la Argentina y el Reino Unido.
Uno de los emprendimientos involucrados es Sea Lion, en el que participan las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las empresas prevén comenzar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028.
Frente a ese escenario, el Gobierno argentino pretende que se ordene el cese de las actividades que considera incompatibles con sus derechos en las aguas en disputa. Para fundamentar su solicitud, invocó disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que contemplan la posibilidad de solicitar medidas provisionales en determinadas instancias de un procedimiento jurídico.
El planteo busca frenar las operaciones mientras se desarrolla el proceso correspondiente y evitar que avancen los proyectos hidrocarburíferos cuestionados por la Argentina.
Las audiencias tendrán lugar en Hamburgo, Alemania, donde funciona la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Según informó el organismo, podrán seguirse por streaming y sus registros estarán disponibles en su sitio web oficial.
La resolución que se adopte estará limitada al pedido de medidas cautelares. Por lo tanto, el procedimiento no determinará a quién corresponde la soberanía de las islas Malvinas, sino que se concentrará en establecer si corresponde adoptar medidas provisionales frente a las actividades petroleras cuestionadas.
La disputa por la soberanía del archipiélago continúa siendo una cuestión central de la política exterior argentina, que sostiene sus derechos sobre las islas y rechaza las actividades unilaterales del Reino Unido en el área.