El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional consiguió 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones, luego de un extenso debate y negociaciones con los bloques aliados.
Uno de los principales cambios está relacionado con las internaciones involuntarias. El proyecto modifica el criterio vigente y habilita esa intervención cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La internación deberá ser un recurso excepcional, cuando no resulten posibles otros abordajes terapéuticos. En situaciones de emergencia podrá disponerla un médico, preferentemente psiquiatra, con una segunda evaluación profesional y mecanismos de control interdisciplinario.
La reforma también modifica la composición de los equipos de atención. Tras los cuestionamientos de distintos sectores profesionales y académicos, el texto consensuado incorporó la participación de psicólogos en las evaluaciones y decisiones vinculadas con las internaciones y las altas. Además, contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en aquellas jurisdicciones donde exista escasez de profesionales.
Otro de los aspectos centrales es la ampliación del concepto de adicciones y consumos problemáticos, que incorpora situaciones como la ludopatía. También establece criterios diferenciados para la atención de niños y adolescentes, reconoce su derecho a ser escuchados y contempla dispositivos específicos para esa población.
En cuanto a la organización del sistema, la iniciativa mantiene la prohibición de crear instituciones monovalentes de internación, conocidas como manicomios, y contempla alternativas como la atención ambulatoria, domiciliaria, hospitales de día y dispositivos comunitarios. Asimismo, incorpora directivas anticipadas para que las personas puedan expresar sus preferencias respecto de futuros tratamientos.
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por los reclamos de las provincias sobre los recursos necesarios para implementar los cambios. Como parte de las negociaciones, el oficialismo incorporó precisiones sobre la cooperación técnica y financiera de la Nación con las jurisdicciones, con mecanismos de coordinación a través del Consejo Federal de Salud.
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para intervenir oportunamente ante situaciones críticas y mejorar la capacidad de respuesta del sistema. En cambio, legisladores opositores cuestionaron que los problemas de la legislación vigente no se resuelven únicamente modificando sus criterios, sino garantizando los recursos humanos, presupuestarios e infraestructura necesarios para la atención.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde deberá obtener una nueva mayoría para convertirse en ley.