La Corte Suprema abrió el reclamo de Kicillof contra Milei por los subsidios al transporte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir en la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la eliminación de los subsidios destinados al transporte público del interior bonaerense. En su resolución, el máximo tribunal le otorgó al Gobierno de Javier Milei un plazo de 60 días para contestar el planteo judicial y anticipó que evaluará el pedido de una medida cautelar una vez recibida la respuesta o vencido ese período.

El reclamo fue impulsado por la administración de Axel Kicillof y cuestiona la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, un mecanismo creado para sostener económicamente los servicios de colectivos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Provincia solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la decisión nacional y reclamó la transferencia de los fondos que considera adeudados, con sus respectivos intereses. También pidió que se ordene al Estado nacional abstenerse de adoptar medidas que contradigan las disposiciones legales que establecían la continuidad del mecanismo de compensación.

El origen del conflicto

La disputa comenzó en febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional anunció que dejaría de transferir los recursos destinados al fondo. La decisión quedó formalizada posteriormente mediante el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024.

El mecanismo había sido establecido por el artículo 125 de la Ley 27.467, con el objetivo de compensar los desequilibrios financieros de los sistemas de transporte urbano y suburbano de pasajeros en las provincias. Su eliminación impactó sobre los servicios de colectivos que conectan distintas localidades del interior bonaerense y contribuyó, según el planteo provincial, al incremento de las tarifas que pagan los usuarios.

En su presentación ante la Corte, el gobierno bonaerense sostuvo que la supresión de las transferencias afectó la previsibilidad presupuestaria de la Provincia y los derechos de quienes utilizan el transporte público. Además, cuestionó que la decisión nacional vulneró principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, que establece obligaciones de cooperación entre la Nación y las jurisdicciones provinciales.

La Corte también recibió reclamos de otras provincias

La resolución sobre Buenos Aires se inscribe en una serie de presentaciones judiciales vinculadas con la eliminación del mismo fondo. El máximo tribunal también se declaró competente para intervenir en reclamos similares promovidos por La Rioja y La Pampa.

Los fallos llevan las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el caso bonaerense, la Corte dispuso dar traslado de la demanda al Estado nacional para que presente su respuesta dentro del plazo establecido.

Por el momento, la decisión no implica una orden de restitución de los subsidios ni el reconocimiento definitivo de los fondos reclamados. El próximo paso será la contestación del Gobierno nacional y, posteriormente, la evaluación judicial sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada por la Provincia.

La discusión vuelve a poner en el centro del debate la distribución de los recursos destinados al transporte público y las responsabilidades de la Nación y las provincias para sostener un servicio esencial para millones de pasajeros.