05/11/2026 - Edición Nº603

Nacionales

Conflicto con las universidades

La comunidad universitaria marcha para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento

04/11/2026 | Estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes se movilizarán este miércoles desde Plaza Houssay hasta Tribunales. La jornada incluirá una clase pública y un encendido de velas en defensa de la educación pública.



La comunidad universitaria volverá a movilizarse este miércoles 4 de noviembre para reclamar al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, denominada Marcha de las Velas, reunirá a estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes en una nueva jornada de protesta en defensa de la educación pública.

La actividad comenzará a las 17 en Plaza Houssay, en la intersección de las avenidas Córdoba y Junín, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, los participantes marcharán hacia el Palacio de Tribunales. A las 19 está prevista una clase pública de Derecho Constitucional y un encendido de velas.

La convocatoria es impulsada por organizaciones estudiantiles y gremiales universitarias, que buscan mantener visible el reclamo por el presupuesto de las casas de altos estudios, la recomposición de los salarios y el sostenimiento de las becas.

El reclamo por el financiamiento

La movilización se desarrolla en el marco del conflicto entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo por la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La norma establece mecanismos para actualizar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, recomponer los salarios de docentes y nodocentes y fortalecer las becas estudiantiles.

Aunque la ley fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, su aplicación quedó atravesada por una controversia presupuestaria y judicial. Las universidades y sus representantes sostienen que el Estado debe cumplir con las obligaciones establecidas por el Congreso.

En ese contexto, la Marcha de las Velas busca expresar el rechazo al ajuste presupuestario y reclamar garantías para el funcionamiento de las instituciones, las condiciones de trabajo de sus comunidades y el derecho a la educación superior pública.