El asesinato de Rolando Miguel Lescano, un trabajador metalúrgico de 48 años, volvió a poner en evidencia la violencia que puede esconderse detrás del robo de un teléfono celular. El hombre fue atacado a puñaladas por dos delincuentes cuando regresaba de jugar al fútbol y esperaba el colectivo en José C. Paz. Los asaltantes escaparon con su celular y una campera. Era padre de dos hijos. Por el crimen hay un sospechoso detenido y los investigadores buscan a un segundo implicado.
El caso expone una problemática extendida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con estimaciones de fuentes judiciales, elaboradas a partir de información aportada por empresas de telefonía, alrededor de 8.900 celulares son robados por día.
La cifra no significa que en todos esos episodios el teléfono sea el único objetivo. En numerosos asaltos también se sustraen dinero, documentación, mochilas, motocicletas y automóviles. Sin embargo, los dispositivos móviles aparecen cada vez con mayor frecuencia entre los elementos buscados por los delincuentes.
Una de las modalidades más habituales es el arrebato al paso. Los ladrones identifican a personas que caminan con el teléfono en la mano o concentradas en la pantalla, se acercan y les quitan el dispositivo en cuestión de segundos. En muchos casos escapan a pie, en bicicleta o en motocicleta. Los denominados motochorros aprovechan la velocidad para sorprender a las víctimas y alejarse rápidamente.
El transporte público también constituye uno de los escenarios frecuentes para este tipo de delitos. En colectivos, trenes, estaciones y paradas, los delincuentes aprovechan las aglomeraciones, los movimientos de pasajeros y los momentos de distracción para concretar las sustracciones.
Algunos actúan individualmente mediante la modalidad conocida como punguismo, mientras que otros trabajan en grupo y rodean a las víctimas para quitarles sus pertenencias. Esta última práctica, conocida como robo piraña, utiliza la superioridad numérica y la confusión para escapar antes de que las personas puedan reaccionar.
Una investigación de la Policía Federal permitió desarticular una banda acusada de robar celulares en colectivos del AMBA. La causa comenzó a partir de la sustracción de un teléfono dentro de una unidad de la línea 108, a la altura de Plaza Italia.
Según la pesquisa, las sospechosas subían a los colectivos, robaban los dispositivos y descendían en la parada siguiente. Luego aguardaban otra unidad para repetir la maniobra. Los investigadores realizaron allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, donde cuatro mujeres quedaron detenidas.
En otros casos, los teléfonos son sustraídos durante asaltos de mayor alcance. Los delincuentes pueden abordar a personas que esperan el colectivo, salen de comercios o circulan por la vía pública para exigirles celulares, billeteras y otros objetos de valor. Incluso cuando el objetivo inicial es una motocicleta o un automóvil, los dispositivos suelen terminar también en poder de los asaltantes.
La problemática no termina con el arrebato o el asalto. Detrás de la sustracción existe una cadena de recepción, traslado, acopio y comercialización que permite reinsertar los dispositivos en el mercado ilegal.
Una investigación judicial sobre una organización que operaba en las zonas de Once y Facultad de Medicina detectó una estructura con diferentes funciones. Mientras algunos integrantes se encargaban de robar los teléfonos, otros los recibían y trasladaban a lugares de almacenamiento. Un tercer grupo los manipulaba para volver a comercializarlos.
La pesquisa también identificó envíos de equipos hacia distintas provincias y posteriores traslados ilegales a Paraguay.
El negocio requiere de intermediarios y espacios de comercialización que permitan colocar los aparatos sin acreditar su procedencia. En agosto, un operativo en el barrio porteño de Once terminó con la clausura de una galería y diez locales. Además, fueron secuestrados 75 teléfonos celulares, herramientas y repuestos.
Los controles estuvieron orientados a detectar comercios y establecimientos vinculados con la compraventa y reparación de dispositivos de origen ilegal.
De esta manera, el robo de celulares combina delitos callejeros que pueden concretarse en pocos segundos con una estructura posterior que involucra a diferentes personas y puede extenderse a varias jurisdicciones.
Para las víctimas, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de un dispositivo. El crimen de Rolando Miguel Lescano representa el desenlace más trágico de esta problemática: un trabajador que regresaba de jugar al fútbol fue asesinado por dos delincuentes que terminaron llevándose un teléfono y una campera. Detrás del asalto quedó una familia atravesada por una pérdida irreparable.